Cárcel de Huachalalume colapsada, gendarmes denuncian límite en su capacidad

Dirigentes del Centro Penitenciario de La Serena acusan que la falta de personal y de apoyo psicológico está derivando en un aumento de las licencias médicas, lo que ha dificultado aún más el trabajo, y advierten que solo quedan 38 cupos para internos.

El descontento con la que los gendarmes del Complejo Penitenciario de Huachalalume, en La Serena, no es novedad, puesto que durante años se han quejado por las condiciones laborales y solicitando apoyo psicológico. Sin embargo, con la llegada de reos de alta peligrosidad desde otras regiones, la situación ha empeorado para ellos.

Jokan Garrido, presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes, Provincial Elqui, reconoce que no dan abasto para los 2.280 internos que alberga el recinto. “La cantidad de funcionarios que trabajan en trato directo con la población penal equivale a uno por 120 reos”, detalla el dirigente, lo que se ha complejizado aún más en verano, puesto que hay varios trabajadores de vacaciones y con licencia médica. “Hemos llegado a trabajar dos funcionarios para casi 450 internos”, precisó.

El también Secretario de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP) advirtió que no cuentan con apoyo psicosocial en la institución. “No tenemos psiquiatras y desafortunadamente se han producido una gran cantidad de suicidios de funcionarios a nivel nacional y pese a esto, la autoridad del servicio no ha invertido en la salud mental del personal”, acusa.

Garrido agrega que si bien a fines del 2022 llegó un contingente de 30 profesionales, distribuidos en toda la región, fue insuficiente para los requerimientos actuales. “La zona norte es una de las que más requiere personal, lo que representa una presión psicológica importante y un peligro a nuestra integridad física, porque el trato directo solo se hace con un bastón institucional y un chaleco anti cortes”.

Por su parte, el encargado de la oficina de Clasificación y Segmentación Penal de Huachalalume, Freddy García, reveló a nuestro medio que la cárcel de La Serena está llegando al límite de su capacidad.

“Hemos tenido un aumento progresivo de internos, principalmente de otras nacionalidades (…) de hecho, estamos a menos de 40 cupos de completar la capacidad máxima del Complejo Penitenciario, cuyo diseño está estipulado para 2.318 internos”.

Por este motivo, el dirigente expresó que “nuestra labor se ha vuelto cada día más compleja, porque los internos que están llegando al penal son de un contagio criminológico más grande y tienen un prontuario delictual mayor (…) tenemos bandas que están siendo investigadas a nivel país, tales como facciones del Tren de Aragua o el brazo armado de Los Gallegos”.

En esta línea, reconoce que “el escenario es difícil, porque las herramientas legales y administrativas cada día son menores y el sistema penitenciario sigue siendo muy garantista para los internos, por lo que se trabaja al límite de la seguridad y de no incurrir en la ilegalidad, por tratar de contener situaciones peligrosas”.

García lamenta que al igual como sucede en otros recintos penitenciarios del país, se ha vuelto una tónica que algún gendarme salga herido de una jornada laboral.

“Esto irá empeorando por los niveles de recrudecimiento de la hostilidad interna. Los códigos que tienen son cada vez más avezados, lo que se ha potenciado con los internos extranjeros, quienes no respetan el acatamiento de normas ni la vida humana, porque son totalmente antisociales y refractarios a toda norma”.

Más allá de la Ley N° 20.214 que sanciona las conductas que culminen con la muerte o lesiones del personal de Gendarmería, o las que signifiquen amenazas a su vida e integridad física, según García, en la institución se encuentran desvalidos, porque las penas son mínimas y muchas veces los reos prefieren agredir a un gendarme, con tal de obtener un traslado.

“La falta de personal y recurso logístico es común en Gendarmería, por lo que seguimos siendo los hermanos pobres de las instituciones policiales, tampoco llamamos la atención de los políticos, sino hasta que ocurre algún hecho violento, como motines o incendios”, alegó el dirigente.

Por su parte, el seremi de Justicia y Derechos Humanos de Coquimbo, Rubén García, indicó que “junto al Director Regional de Gendarmería de Chile, el Coronel Luis Muñoz, hemos impulsado el aumento de la dotación de funcionarios en la región, es así como en el mes de enero se han integrado 30 funcionarios, quienes han sido distribuidos en todas las unidades penales”.

El detalle de estos ingresos es: 15 para el Complejo Penitenciario Huachalalume; 5 para el Centro de Detención Preventiva de Ovalle; 5 para el Centro de Detención Preventiva de Illapel; 4 para el CIP – CRC de Las Compañías y 3 para la  Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios (USEP).

La autoridad expresó que “la salud mental de nuestros funcionarios y funcionarias, es un tema central para nosotros, por eso como un desafío de nuestro ministerio, hemos hecho tratativas y conversaciones con distintas universidades, para poder lograr convenios, que les permitan acceder a atención psicológica con precios accesibles, lo que queremos hacer extensivo a todos los trabajadores de nuestros 6 servicios dependientes y relacionados”.

Respecto a la necesidad de contar con acompañamiento psicológico y psiquiátrico en esta labor, la psicóloga Nicol Nuñez, quien ha atendido a muchos gendarmes de la región y a sus familias, comentó que “este es un tema urgente, porque la cobertura de salud de Gendarmería no está cubierta en ninguna región, -excepto en Santiago-, y su otra opción es atenderse en el sistema privado, lo que implica un alto costo en comparación a sus ingresos”.

La profesional argumenta que “ellos hacen un trabajo que nadie más quiere hacer y viven cosas que el resto de nosotros no vivirá (…) En comparación a las demás policías, son los más vulnerables, sobre todo en términos de remuneraciones y porque muchos internos, -quienes también vienen de entornos muy duros-, los amenazan y cuando son liberados los buscan”, afirmó la especialista.

Por otra parte, el psicólogo clínico Matías Hartmann, -Magíster en Psicología del Desarrollo y Educación-, sostuvo que “los gendarmes trabajan en un estado de constante estrés, bajo un sistema de turnos y vacaciones proporcionales poco funcional, sumado a un reclutamiento de personal que no realiza una labor exhaustiva respecto a las posibles patologías mentales en los candidatos, variables que generan un ambiente nocivo para que cualquier ser humano trabaje”.

El experto puntualizó en que “en los últimos años se ha dado una gran cantidad de suicidios; 4 el 2015, 5 el 2016 y 7 el 2018 (…) lo que es alarmante, porque deja a Gendarmería como el servicio con la tasa más alta de suicidios”.

“Estos funcionarios deberían contar con un apoyo psicológico más integrativo, con una intervención clínica transversal en el tiempo, entregándoles un apoyo directo más eficaz, con actualizaciones trimestrales o semestrales sobre los estados mentales de los funcionarios, limitando así las brechas de las posibles alteraciones psicológicas que puedan desarrollar en el trabajo” sentencio.