La Ministra de Transportes Gloria Hutt esbozó algunos alcances que tendra la “Ley Uber” que desde Octubre del 2016 está tramitándose en el Congreso, “El primer requisito del proyecto es que deben constituirse como una empresa en Chile, cosa que ahora no ocurre”, precisó la secretaria de Estado.
Además, se deberán registran los vehículos “en una base que administrará el Ministerio y también a los conductores que van a funcionar en el sistema”.
La ministra valoró este nuevo paso, agradeciendo el trabajo parlamentario y destacando que el proyecto de ley tiene por objetivo establecer un marco regulatorio que se hace cargo de una realidad, beneficiando a los usuarios, potenciando la competencia y la convivencia vial.
“Como gobierno entendemos que las tecnologías están cambiando la forma de transportarse y que es necesario establecer un marco regulatorio prudente que se hace cargo de esta nueva realidad, poniendo en el centro de debate la calidad de servicio para los ciudadanos que lo usan cotidianamente”, destacó Hutt.
“A modo de ejemplo, deberán definirse como empresas de transporte remunerado de personas, estar constituidas en Chile e inscritas en un registro público que contendrá la información de conductores y vehículos adscritos por región. Además,deberán contratar seguros de responsabilidad civil y de vida para conductores y pasajeros, y por obligación a los conductores se les exigirá licencia profesional para el transporte de pasajeros A-1, A-2 o A-3”.
Sanciones a conductores, la empresa y tambien a usuarios
En cuanto a las sanciones, estas se aplicarán tanto a las empresas de aplicaciones como a los conductores y se clasificarán como graves y leves. Las multas a las empresas pueden fluctuar entre $145.050 y $4.835.000, y entre $967.000 y $9.670.000, en caso de reincidencia. Por otro lado, en el caso de los conductores estas pueden oscilar entre los $48.350 y $483.500.
La Subsecretaría de Transportes podrá revocar la autorización por acumulación de infracciones, suspendiendo la licencia por 6 meses al conductor no inscrito o no adscrito a una empresa autorizada. Así también, se podrá sancionar al pasajero que, a sabiendas, acepte la prestación irregular de servicios o entorpezca la fiscalización. Estas sanciones fluctuaran entre $48.350 y $241.750.
Finalmente la iniciativa tuvo 105 votos a favor, 24 en contra y 10 abstenciones en general.
“Se exige también que los vehículos sean al menos similares a las características que tienen los taxis, se exigen seguros para los vehículos y para los pasajeros, que ahora no tenemos certezas de que existan” señaló la Ministra Gloria Hutt.
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